Decreto 1201/18

Decreto 1201/18

En el día de la fecha se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 1201 del 28 de diciembre del 2018 cuya vigencia es a partir del 1 de enero de 2019 y surtirá efecto para las operaciones que sean prestadas y facturadas a partir de esa fecha, incluyendo las prestaciones que se realicen desde esta última y correspondan a contratos u operaciones que se hubieran iniciado con anterioridad.

El citado Decreto fija, hasta el 31 de diciembre de 2020, un derecho de exportación del doce por ciento (12%) a la exportación de las prestaciones de servicios realizadas en el país, cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior.

Aclara que se considera prestación de servicios a cualquier locación y prestación realizada en el país a título oneroso y sin relación de dependencia, cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior, entendiéndose por tal a la utilización inmediata o al primer acto de disposición por parte del prestatario.

El derecho de exportación fijado no podrá exceder de cuatro pesos ($ 4) por cada dólar estadounidense del valor imponible, es decir el monto que surja de la factura o documento equivalente (conf. artículo 735 del Código Aduanero). Y, de aplicarse, ese límite se mantendrá en pesos hasta la cancelación de la obligación.

A los fines de determinar la aplicación del límite referido, el monto que arroje el derecho de exportación fijado deberá expresarse en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día hábil anterior al que corresponda declarar la operación.

De no proceder la aplicación del límite, la determinación del derecho de exportación se hará en dólares estadounidenses (conforme lo previsto en el artículo 20 de la Ley Nº 23.905).

A su vez, el Decreto establece que los derechos de exportación serán abonados dentro de los primeros quince (15) días hábiles del mes posterior a aquél de facturación de las operaciones respectivas, no resultando aplicable ningún plazo de espera. A esos efectos, deberá presentarse una declaración jurada.

Sólo en el caso de tratarse de exportadores que en el año calendario inmediato anterior al de la fecha de la declaración jurada, hayan exportado servicios por menos de dos millones de dólares estadounidenses (U$S 2.000.000), se concederá un plazo de espera de cuarenta y cinco días (45) días corridos, sin intereses, contados a partir del día siguiente al vencimiento de la declaración jurada.

Se considerará fecha de registro a aquella en la que corresponda realizar la citada declaración.

Las cancelaciones, anulaciones, ajustes de precios, descuentos o similares, debidamente documentados, deberán considerarse para el cálculo de los derechos previstos en esta norma al tipo de cambio considerado para las operaciones involucradas.

Por su parte, las exportaciones efectuadas por las Micro y Pequeñas Empresas comenzarán a tributar el derecho establecido en este decreto sobre el monto de exportaciones de prestaciones de servicios que en el año calendario exceda la suma acumulada de seiscientos mil dólares (U$S 600.000).

Luego, el Decreto establece que cuando no se hubiere presentado la declaración jurada, ésta resultare impugnable o hubiere controversias con relación al valor imponible, la AFIP queda facultada para efectuar las determinaciones correspondientes. Pero no aclara ni explica cuál será el procedimiento a seguir.

En cuanto a las infracciones que pudieran corresponder por incumplimientos a las obligaciones que surgen de esta norma, el Decreto dispone que quedarán sujetas a las disposiciones del Código Aduanero en su parte infraccional

Finalmente, delega en la AFIP el dictado de las normas interpretativas y complementarias que se estimen necesarias para el cumplimiento de la presente medida, como así también para determinar la unidad orgánica que tendrá a su cargo el ejercicio de control sobre las declaraciones juradas presentadas.